La Escalada de Violencia contra los Funcionarios de Salud en Chile

Por Patricio Alegre, periodista FALMED.

En los pasillos de hospitales y Centros de Salud Familiar (CESFAM) de Chile, donde el cuidado y la empatía deberían ser la norma, una sombra crece: la violencia contra médicos, médicas y funcionarios de la salud.
La paradoja es cruel: quienes dedican sus vidas a sanar, a menudo se encuentran en la primera línea de la agresión. Lo que antes era un incidente aislado, hoy se percibe como una amenaza constante y generalizada, dejando secuelas profundas no solo en el personal, sino en la calidad y seguridad de la atención que reciben los chilenos.
Medidas como la creación de programas de capacitación para el personal, campañas públicas de concienciación, mejoras en la seguridad física de los recintos de salud, ya sea en hospitales y CESFAM, y un mayor enfoque en la prevención de la violencia en el trabajo, siguen siendo escasas.

Cifras que duelen

La preocupación entre los gremios y la opinión pública es cada vez mayor, y las cifras, aunque a menudo subestimadas, refl ejan una realidad alarmante. Las agresiones al personal de salud no son un problema nuevo, pero su intensidad y frecuencia han experimentado un crecimiento significativo. Según el Ministerio de Salud (Minsal), las agresiones a funcionarios de la salud pública aumentaron un 8,8% en un año.
Durante 2024, se registró un promedio alarmante de 28,5 agresiones diarias a funcionarios de la salud pública, superando los 26,6 episodios diarios de 2023, año en que se contabilizaron 9.727 agresiones.
El Colegio Médico proyecta que las agresiones totales en 2024 superarán este 2025 las 10.400. La mayoría de estas agresiones, más del 65% según encuestas del Colegio Médico, son de tipo psicológico, aunque los incidentes físicos también son una realidad constante.
Los CESFAM son puntos críticos de esta problemática, concentrando el 61,9% de los casos registrados en 2023. La Región Metropolitana de Santiago acumula el 38,8% de estos incidentes, mientras que comunas como Antofagasta, lideran a nivel nacional las agresiones en la Atención Primaria de Salud (APS) con 255 casos reportados en algunos informes. Estos datos revelan una situación generalizada que afecta de manera desproporcionada a la primera línea de atención.

El costo invisible: ausentismo y deterioro de la salud
mental

Las marcas de la violencia no siempre son visibles. Más allá de las contusiones y fracturas, las agresiones dejan heridas psicológicas que se traducen en un preocupante aumento del ausentismo laboral. Funcionarios que han sido agredidos o han presenciado violencia a menudo requieren licencias médicas por estrés postraumático, trastornos de ansiedad o depresión.
Si bien no hay un porcentaje exacto de ausentismo directamente atribuible a las agresiones disponibles públicamente, informes del Colegio Médico y otros gremios señalan que la violencia laboral genera profundas afectaciones en la salud mental del personal.
Existe la preocupante realidad de que, tras un episodio de agresión, el 94,7% de los agredidos retoman sus labores de inmediato sin un apoyo adecuado, una situación que agrava el impacto en su salud mental y perpetúa el ciclo de vulnerabilidad. Esta falta de abordaje inmediato aumenta el riesgo
de problemas de salud mental a largo plazo y, eventualmente, puede traducirse en ausentismo. El impacto es doble: no solo afecta la vida de los profesionales, sino que merma el número de funcionarios disponibles, ocasiona cancelaciones de citas y retrasos en la atención, perjudicando directamente la calidad del servicio para los pacientes.

Las raíces del fenómeno: un sistema en crisis

La violencia contra los funcionarios de salud no es un problema aislado de incivilidad; es un síntoma claro de las profundas defi ciencias estructurales que aquejan al sistema de salud chileno.
En primer lugar, la falta de fi nanciamiento crónico ha llevado a un sistema deficitario, con una infraestructura a menudo obsoleta y una escasez crítica de personal. Las altas listas de espera para consultas especializadas, cirugías o exámenes diagnósticos pueden extenderse por meses e incluso años, generando una frustración comprensible en los pacientes y sus familias. Esta desesperación, sumada a la angustia por la enfermedad, puede derivar en agresividad cuando las expectativas no se cumplen o la espera se hace insoportable. Hay pocos profesionales para una alta demanda, lo que satura los servicios, prolonga los tiempos de atención y merma la capacidad de respuesta, alimentando un círculo vicioso de insatisfacción y tensión.
Además de las carencias sistémicas, existen factores sociales y culturales que contribuyen a este clima de hostilidad. La desconfi anza en las instituciones, la polarización creciente en la sociedad y, en algunos casos, la falta de educación cívica y respeto hacia el rol de los profesionales, erosionan el vínculo entre paciente y tratante. La pandemia de COVID-19, si bien puso de manifiesto el valor del personal de salud, también los expuso a niveles inéditos de estrés, miedo y agotamiento, exacerbando las tensiones preexistentes.
Finalmente, la defi ciencia en las medidas de protección es un factor clave. Muchos establecimientos carecen de personal de seguridad sufi ciente, cámaras de vigilancia adecuadas o protocolos de alerta efectivos. A esto se suma la sensación de impunidad: la lentitud o inefi cacia de los procesos judiciales contra los agresores desincentiva las denuncias y envía un mensaje equivocado sobre las consecuencias de estos actos.

Casos emblemáticos

Este 2025 ha continuado mostrando la cruda realidad de esta problemática, con episodios que han capturado la atención pública y generado un profundo rechazo.
Un caso emblemático de fi nales del año pasado que sigue resonando es el del enfermero de iniciales L.V., agredido en el Hospital de Curicó en noviembre de 2024 por el familiar de una paciente. Este incidente, ampliamente cubierto por la prensa, volvió a poner en relieve la vulnerabilidad del personal sanitario.
Otro episodio que generó gran preocupación y reabrió el debate sobre la seguridad ocurrió a fi nes de septiembre de 2024, en el CESFAM Raúl Silva Henríquez en Bajos de Mena, Puente Alto. Sujetos amenazaron con “reventar” el recinto al que habían sido trasladados dos sobrevivientes de una balacera, obligando al personal a resguardarse y afectando la continuidad de la atención.

El rol activo del Colmed y FALMED

El Colegio Médico de Chile (Colmed) y su Fundación de Asistencia Legal (FALMED) no han permanecido ajenos a la creciente ola de violencia que azota al personal de salud. Por el contrario, han asumido un rol protagónico y multifacético en la visibilización del problema, la defensa de sus agremiados y la incidencia en políticas públicas.
Uno de los hitos más signifi cativos impulsados por el gremio fue la promulgación de la Ley N° 21.188, conocida como “Consultorio Seguro”, en 2019. La ley no solo aumenta las sanciones penales, sino que también establece la obligación de los directores de establecimientos de salud de denunciar los delitos ocurridos en sus recintos. Además, busca entregar herramientas legales para que las víctimas puedan emprender acciones judiciales.
Más allá de la legislación, el Colmed regularmente realiza estudios e informes detallados y encuestas a sus afi liados. Estos estudios han revelado cifras críticas, como que más del 65% de los profesionales de la salud reportan haber sufrido violencia psicológica. Asimismo, han puesto en evidencia la preocupante situación de que un 94,7% de los agredidos retoman sus labores de inmediato sin un apoyo adecuado, una situación que agrava el impacto en su salud mental y perpetúa el ciclo de vulnerabilidad.
El compromiso del Colegio Médico se extiende al apoyo directo y concreto a sus miembros. A través de FALMED, los médicos agredidos encuentran un respaldo esencial. FALMED ofrece asesoría y defensa legal especializada, asegurando que los profesionales no se sientan desamparados al momento de denunciar y buscar justicia.